El primer día de 2018 bajaron las
comisiones que los
comerciantes les pagan a las
tarjetas por cada
venta realizada, al iniciar un sendero que seguirá con la reducción al menos hasta
2021, destacó este miércoles el Gobierno.
Los aranceles por el uso de la tarjeta de
crédito para cobrar un producto o servicio se
redujo del 3% al
2,35% y para las ventas con
débito descendió hasta del 1,5% al
1,1%.
"En marzo de 2017 se estableció una
reducción gradual
de los aranceles máximos que pagan los comercios que ya fue
implementada", dijo en un comunicado de prensa el Secretario de
Comercio, Miguel Braun.
Y señaló que este es el
segundo paso de esa reducción que
continuará los próximos años hasta llegar a los
valores acordados, en el marco de una
mayor competencia que permitirá que los comercios obtengan
comisiones menores, más alternativas de financiamiento y mejores servicios.
El acuerdo fue suscripto ante el ministro de Producción, Francisco
Cabrera, por la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (
CAC) y la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (
CAME) y las empresas
Prisma (licenciataria de VISA),
First Data (licenciataria de Mastercard),
Cabal,
Tarjeta Naranja,
Italcred y
Tarshop.
El convenio estableció como meta final para
2021 que el
máximo que podrán cobrar los plásticos a los comercios es de hasta
1,8% por cada operación en
crédito y
0,8% en débito.
La desinversión de Prisma En septiembre pasado, la Comisión Nacional de
Defensa de la Competencia aceptó el compromiso de
desinversión de la empresa
Prisma, lo que abrió el camino para que se desarme su
posición dominante y aumente la
competencia en el mercado de
tarjetas de crédito y medios electrónicos de pago.
La Comisión lo hizo a través de una resolución firmada por el ministro de la Producción, Francisco
Cabrera. La empresa Prisma actualmente es propiedad de
Visa Internacional y
14 bancos que operan en Argentina, y participa de los mercados de
adquirencia y
procesamiento de
tarjetas de crédito y de
terminales de pagos (POS).
El compromiso obliga a los
accionistas de Prisma a
vender el
100% del paquete
accionario y no permite que más de un
banco que opere en el país sea accionista de la empresa para impedir la integración hoy existente.
En el mismo sentido, prohíbe a PRISMA que comercialice
otra marca de
tarjetas de crédito hasta que haya
otra empresa en el mercado que
comercialice la marca
Visa; y la obliga a
prestar sus servicios (de procesamiento de
tarjetas de crédito y otros) de forma
no discriminatoria a posibles competidores.
A su vez, el compromiso obliga a Prisma a
discontinuar su servicio de
transferencias inmediatas, lo que permitirá que ese servicio sea brindado por un
proveedor independiente que asegure que otros
medios de pago alternativos y competidores puedan desarrollarse en forma no discriminatoria.
Así, según el Gobierno, se
rompe la
integración vertical entre
bancos emisores y empresa
adquirente, como la integración horizontal entre los bancos emisores.
Esto permitirá el ingreso de
nuevas empresas en el mercado de
tarjetas de crédito con beneficios para comercios, consumidores y para la economía en general.
